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27/01/2012

Inaugurado el Juzgado de Extinción de Dominio para atacar al narcotráfico

Carlos Hernández | DCA |

El Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio fue inaugurado en la Torre de Tribunales, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, y la presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Thelma Aldana. En el acto, además, tomó posesión de esa judicatura Marco Antonio Villeda Sandoval, quien indicó que ahora este juzgado continuará los procesos que anteriormente competían a los juzgados Quinto, Octavo y Décimo de Primera Instancia Penal.

Baldetti recordó que hace un año se luchó por conseguir la ley que hoy le da vida al mencionado juzgado, el cual beneficiará a la población con justicia y seguridad, como sucede en países como Colombia.

La vicepresidenta agradeció la ayuda de organizaciones internacionales, que no solo ven riesgos sino también oportunidades, y han aportado recursos para buscar una justicia pronta y cumplida que detenga la ola de crimen organizado y violencia que sufre el país.

Por su parte, Aldana, presidenta del (OJ), dijo que “es necesario que el Estado de Guatemala recobre a su favor los bienes ilícitos, los frutos y ganancias del crimen organizado y de particulares, y que sean utilizados a favor de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio de Gobernación, del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional de la Administración de Bienes en Extinción de Dominio y del Organismo Judicial”.

Villeda, juez nombrado para el juzgado en mención, indicó que “es una verdad indiscutible que el crimen organizado funciona como una unidad eco­­­nómica perversa de producción, que genera ganancias de hechos ilícitos, es decir dinero, recursos y bienes que entran en una sociedad basados en el dolor, la sangre, la tragedia y la seguridad de cada persona”.

Por último, agregó Villeda, esta Ley de Extinción de Dominio recupera a favor del Estado los productos, ganancias, rendimientos o permutas de procedencia ilícita y los devuelve a la sociedad y al Gobierno, para reparar los daños de las víctimas y fortalecer el enfrentamiento al delito.